El Gobierno provincial resolvió reforzar este año como nunca antes la entrega de subsidios a personas mediante la Secretaría General de la Gobernación. Según el decreto el 1.418, el Poder Ejecutivo (PE) autorizó en mayo un monto máximo de $ 130 millones mensuales para ayudas sociales a personas, superando el doble del monto vigente para abril, de $ 60 millones.

Según se desprende de los informes oficiales, la cifra destinada a estos aportes estatales -previstos para “casos de urgencias sociales”- se multiplicó 162,5 veces en lo que va de 2019. El ejercicio en curso había comenzado con un límite de hasta $ 800.000 por mes, y fue creciendo sucesivamente a partir de febrero hasta alcanzar el número actual.

Este régimen de subsidios nació en 2000. Fue creado por el entonces gobernador Julio Miranda, a través del decreto 125/1, donde se expresa que la Secretaría General de la Gobernación plantaba “la necesidad de contar con un sistema de disposición de fondos que permita afrontar el pago de subsidios de urgencia”. En los considerando, de cuatro renglones, se detalla que la medida “tiende a facilitar la atención adecuada de aquellas demandas de la comunidad, tanto de tipo particular como de índole colectiva, asegurando el apoyo estatal en el momento y destino adecuado”. Y se fijó un máximo de $ 5.000 mensuales. En ese momento, por el tipo de cambio, equivalían a 5.000 dólares. O a 25 veces el salario mínimo vital y móvil, que era de $ 200.

El sistema de ayudas del decreto 125/1 continuó durante la administración del hoy senador José Alperovich al frente del Ejecutivo (2003-2015). Los montos mensuales se fueron actualizando, siempre por decreto, cada uno, dos o tres años. En 2006, por ejemplo, pasó a $ 33.000. En 2010 ascendió a $ 300.000. En 2014 llegó a $ 400.000. En 2017, ya durante la gestión del actual gobernador, Juan Manzur, subió a $ 800.000. Y así se mantuvo hasta este año.

El 7 de febrero pasado, el gobernador tuvo una agenda cargada, con la entrega de escrituras a 30 familias en el barrio Los Lapachos y un recorrido para supervisar tareas de limpieza en el canal Sur. Ese día, además, Manzur firmó el decreto 275/1, que elevó a $ 1 millón el máximo por mes para los subsidios del régimen “125/1”.

Cinco días después, el jefe del Ejecutivo incrementó ese monto a $ 20 millones (decreto 339/1), también modificando la cifra “a partir de febrero”. Fue el primer “salto” que dio el máximo para estas ayudas sociales este año.

Según los datos publicados en el Boletín Oficial provincial, el mandatario reforzó estos subsidios también en marzo, con un monto de $ 40 millones -con entregas de hasta $ 7.000 por beneficiario-. En abril, la cifra pasó a $ 60 millones.

Por el decreto 1.418, firmado el 14 de mayo, el Ejecutivo estableció un monto máximo de $ 130 millones para las entregas en el mes previo a los comicios provinciales. La suma equivale a 10.400 veces el salario mínimo vital y móvil.

La sumatoria habilitada para los subsidios de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Silvia Laura Pérez, totaliza $ 250,8 millones.

Un refuerzo de $ 300 millones

El Presupuesto General de la Provincia para 2019 no contemplaba un ritmo de erogaciones de estas características. La partida “Transferencias” de aquella repartición, que incluye toda clase de ayudas y subvenciones a personas e instituciones, había sido fijada en $ 316,8 millones para todo el ejercicio. Esto llevó a que el jefe del Ejecutivo le pusiera su sello al decreto 1.328/3 (SH), del 3 de mayo, autorizando un incremento de crédito presupuestario para “Transferencias” de $ 300 millones. “Fue un refuerzo en la partida para los subsidios de la (Secretaría General de la) Gobernación”, indicó una fuente de la Casa de Gobierno. Así, la repartición cuenta -al momento- con $ 616,8 millones para ayudas hasta que finalice el ejercicio en curso, el 31 de diciembre.

Según constató LA GACETA, miles de beneficiarios del sistema “125/1” concurrieron en los últimos dos meses a sucursales bancarias -de la Capital y del interior- o al Hipódromo para percibir las ayudas, por lo general de $ 3.000 mensuales. Los relatos coincidían en señalar que, para obtener ese aporte, debían hacer la gestión ante dirigentes políticos que respondían a la Casa de Gobierno. La documentación que le requerían era una carta de pobreza y una fotocopia del DNI.